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Recientemente se dió a conocer el informe de ponencia y el texto aprobado en la Comisión Primera del Senado de la Republica, sobre el proyecto de Ley 84 de 2016, por medio del cual, según se titula, se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la Ley de Infraestructura y se dictan otras disposiciones.

Konfirma se prepara para conocer los cambios normativos con el fin de brindar el mejor acompañamiento a las entidades públicas y a los privados que contraten con el Estado, en la gestión de sus procesos contractuales.

De acuerdo con el informe de ponencia, el Gobierno Nacional presentó la iniciativa legislativa con el ánimo de realizar algunas modificaciones en el marco legal de la Contratación Administrativa en Colombia, justificando su proceder en combatir el flagelo de la corrupción que se afianza en la gestión contractual de las entidades públicas del país. Con esto se pretende según la corporación legislativa, otorgar mejores condiciones de utilidad normativa, enfocada en afrontar la coyuntura especial del país donde se están acometiendo grandes proyectos de infraestructura vial encaminados a generar competitividad y desarrollo nacional.

Las disposiciones tratadas en el proyecto de reforma, abarcan puntos álgidos de discusión, entre ellos, la estructuración de pliegos de condiciones o interpretación de la subsanabilidad de las ofertas, los cuales han sido ampliamente tratados por las altas cortes, debido a la falta de claridad en las normas que regulan la materia en algunos casos.

Varias son las normas objeto de reforma, entre ellas la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1682 de 2013 las cuales son las más impactadas por el legislador.

En el proyecto de reforma, se adicionan dos parágrafos al artículo 30 de la Ley 80 de 1993. En el parágrafo segundo, se indica la obligatoriedad de presentar de manera separada la oferta económica de los requisitos habilitantes, mientras que el parágrafo tercero se modifica la estructura del proceso de verificación y evaluación de ofertas, definiendo un término de traslado adicional para el informe de evaluación final, y el procedimiento para la apertura y evaluación de las ofertas económicas en audiencia.

Si bien es cierto, el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 ya se había modificado por medio de la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción, el proyecto de ley plantea una reforma adicional a este artículo vinculando la responsabilidad no solo por el cumplimiento del contrato, sino por el incumplimiento de las obligaciones correspondientes a los contratos de consultoría, asesoría e interventoría.

Respecto al régimen de intervención de los bienes de interés cultural de la Nación, la reforma plantea que en los casos de proyectos de infraestructura, su intervención es responsabilidad del concesionario, quien deberá contar para ello con la supervisión de un profesional acreditado ante la autoridad competente, por una institución de investigación especializada o por universidades con programas acreditados.

La ley 1150 de 2007, fue igualmente objeto de estudio por parte del legislador, y es así como la reforma plantea la necesidad de adoptar pliegos de tipo para obra pública, interventorías de las obras, interventorías para la consultoría de estudios y diseños para obra pública y la consultoría en ingeniería para obras. Estos documentos tipo, además de incluir condiciones de habilitación técnica y financiera, factores de escogencia técnicos y económicos para la ponderación de las ofertas, esboza un componente innovador de adaptación para las características propias de las regiones, otorgando la facultad para el gobierno, a través de la potestad reglamentaria, de efectuar distinciones que garanticen los ajustes en torno a las especialidades de los territorios.

El proyecto de Ley aprobado por la Comisión Primera del Senado, trata de saldar la discusión surgida en torno a la subsanabilidad de las ofertas, indicando en su artículo sexto, que el plazo para presentar aquellos requisitos que no afecten la asignación de puntaje, será sólo hasta el último día de traslado del informe de evaluación de requisitos habilitantes. Este punto ha sido tratado por las altas cortes, existiendo posiciones encontradas en los diversos fallos jurisprudenciales en torno a la subsanabilidad. Por lo tanto, es rescatable el intento que hace el legislador en poner un punto definitivo a la interpretación surgida respecto a la subsanabilidad de las ofertas.

Otros aspectos que fueron objeto de reforma por medio del proyecto de Ley 84 de 2016, tienen que ver con la gestión y adquisición predial en los proyectos de infraestructura de transporte, tales como la vigencia de un año de los avalúos comerciales, o la autorización a las entidades públicas para descontar impuestos y contribución de valorización, en caso de llegar a un acuerdo de enajenación voluntaria con un propietario de un predio.

El proyecto de Ley 84 de 2016, continuará su trámite legislativo de debate en el Senado de la República, para finalmente culminar con su sanción presidencial definitiva y la expedición de la reglamentación que permita viabilizar las modificaciones que resulten aprobadas por el ente legislativo.

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