A pocos días de cumplirse un año de la expedición de la Ley 1778 de 2016, que trata sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional, no dejan de ser públicos nuevos hechos de esta naturaleza, los cuales involucran a personalidades que han representado el poder político colombiano y a empresas de relevancia internacional. Pese a los esfuerzos del Gobierno por disminuir los actos de corrupción, estos son cada vez más comunes, y las normas que se dictan para castigar este tipo de situaciones no surten los efectos preventivos esperados.

Si bien, la corrupción se considera como una desviación de la conducta que debe acatar cualquier ciudadano, por simple ética y moral, pareciese que el reproche social no es suficiente para desestimar algunos comportamientos, en los cuales se favorecen intereses particulares a cambio de dádivas de tipo económico.

Adicionalmente, el índice de percepción de corrupción no es favorable para Colombia; y es que el último indicador publicado en enero de 2017 por parte de la Organización Transparencia Internacional, sitúa al país en el puesto 90 entre 176 países, con un puntaje de 37 sobre 100 puntos posibles, siendo 0 la mayor percepción de corrupción.  A nivel regional, Colombia ocupa el puesto 17 de la tabla estando por debajo del puntaje promedio de la región que es de 45.

Desde hace varios años, Colombia viene trabajando en la implementación de medidas para disminuír la corrupción, es así como en conjunto con Argentina, Brasil, Chile, y México, conforma la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE en Latinoamérica. El Programa Anticorrupción de la OCDE para América Latina es una plataforma de diálogo sobre la lucha contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros, brindando la ocasión de compartir con países latinoamericanos las mejores prácticas surgidas en el marco del Grupo de Trabajo sobre el Cohecho y, a su vez, dicha experiencia enriquece el debate sobre políticas de la OCDE.

El principal objetivo de la OCDE, es desarrollar el diálogo y la colaboración con el mundo empresarial, ya que la labor sobre las cuestiones jurídicas vinculadas a la aplicación de la Convención viene a complementar las actividades centradas en la prevención de la corrupción en las transacciones internacionales y la adopción de mecanismos de prevención interna en las empresas.

Las disposiciones procedentes de la convención para combatir la corrupción a nivel internacional, fueron incorporadas en el ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 1573 aprobada en el año 2012, es decir, que la convención no es un simple acto de buena voluntad de sus integrantes, para Colombia hace parte de su bloque de constitucionalidad, esto quiere decir que pertenece al ordenamiento jurídico nacional.

Sumado a lo anterior, la Ley 1778 de 2016, que como se dijo inicialmente está a punto de cumplir su primer aniversario, también es parte de la estrategia de prevención del acto de corrupción internacional. Esta norma dispuso una serie de sanciones que van desde multas e inhabilidades para contratar con el Estado, hasta dejar sin efecto cambios en la naturaleza jurídica de las sociedades que pretenden evadir la intervención de las autoridades. Al mejor estilo de los preacuerdos que se utilizan en la justicia penal, esta norma considera la posibilidad de exonerar de la sanción, en caso de colaboración con el ente investigador, motivando de esta manera la entrega oportuna de información y de pruebas relacionadas con hechos de corrupción.

En un país con niveles altos de corrupción las probabilidades de resultar involucrado en este tipo de actos aumentan, y con ello se puede ver afectada la imagen de las entidades tanto públicas como privadas, que interactúan constantemente con personas de las cuales no se conoce en su totalidad su trayectoria, o peor aún, sus antecedentes. Mantenerse al margen de estos hechos implica adoptar medidas para prevenir la incidencia negativa de este tipo de actos.

Una adecuada gestión de riesgos es un elemento clave en la gestión empresarial moderna, y para ello Konfirma dispone para sus clientes el servicio de Verificación de Riesgos, Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, (VR–LA/FT), el cual ofrece tranquilidad, seguridad y acompañamiento constante, a personas jurídicas y naturales. Para la prestación de este servicio, Konfirma, por medio de la integración de fuentes de información e incorporación de conocimiento humano especializado, permite identificar, verificar y vigilar la existencia de situaciones jurídicas, riesgos reputacionales, de contagio, operacionales y legales que puedan significar un conflicto en la relación a los diversos grupos de interés de sus clientes.

Índice de Percepción de Corrupción Mundial

Índice de Percepción de Corrupción Nivel América