La Constitución Política de Colombia, en su artículo 29 consagra el Derecho Fundamental al Debido Proceso así: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio” (…).

Este derecho, consiste en una garantía para todos los ciudadanos y sus relaciones con entidades del Estado. Este Derecho, implica que todas las actuaciones del estado, se encuentren debidamente reguladas previo al inicio de cualquier proceso, de tal modo que se limiten los poderes del Estado y se garantice el respeto de los derechos y obligaciones de quienes intervienen en los procesos judiciales o administrativos, de tal modo que las autoridades se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en las normas y no dependan de su propia determinación.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios también llamada Superservicios, quien es la entidad que ejerce las funciones de inspección, vigilancia y control a las entidades y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, emitió el Concepto 333 de 2016 que se refiere a los cobros que pueden efectuar las empresas por la suspensión y posterior reconexión de los Servicios Públicos Domiciliarios.

Respecto a la suspensión de los servicios públicos domiciliarios, teniendo en cuenta la norma que regula estos servicios y la visión de la Corte Constitucional, las empresas de servicios públicos sólo pueden llevar a cabo suspensión de la prestación del servicio, cuando:

  1. a) el usuario lo solicite y sea convenido con la empresa prestadora y los terceros que puedan verse afectados
  2. b) se realice con ocasión de mejoras, mantenimientos o correcciones del servicio
  3. c) exista incumplimiento del contrato por parte del usuario, y particularmente por mora en el pago del servicio.

La Superservicios indicó que esta suspensión no puede llevarse a cabo, cuando a pesar del incumplimiento sucesivo del usuario en el pago del servicio, no se haya respetado por parte de la empresa prestadora, las garantías propias del debido proceso al efectuarse la suspensión, o habiéndose efectuado se presente una de las siguientes situaciones:

  1. a) se desconozcan derechos constitucionales de sujetos con especial protección
  2. b) se impida el funcionamiento de establecimientos con especial protección, como los hospitales
  3. c) se afecten seriamente las condiciones de vida de una comunidad.

En los anteriores casos, el usuario se encuentra en la obligación de informar a la empresa prestadora del servicio sobre la existencia de alguna de estas situaciones.

Frente a la reconexión de servicios públicos domiciliarios, el concepto dice que las empresas prestadoras de servicios públicos se encuentran autorizadas para realizar el cobro de los gastos en que incurran para llevar a cabo la reconexión del servicio público domiciliario, cuando la suspensión tenga su origen en causas atribuibles al usuario del servicio. En el caso que se adelante el debido proceso, y no se demuestre que la suspensión del servicio se debió a causa de una conducta del usuario, no será procedente el cobro por reconexión y tampoco será procedente el cobro cuando el servicio no se haya suspendido realmente.

En cuanto a los servicios de energía y gas natural, la Comisión de Regulación de Energía y Gas no ha fijado el valor de las tarifas de reconexión, por lo que en este caso el usuario está sujeto a las tarifas fijadas en los contratos de suscripción. Por su parte, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, fijó las cuantías máximas que pueden cobrar por reconexión las empresas que prestan el servicio de acueducto por medio de la Resolución No. 424 de 2007, dejando previamente establecidas los valores a pagar por los usuarios en tales casos, esto en cumplimiento del principio del Debido Proceso.

En Konfirma, sabemos que la aplicación del principio del debido proceso, implica que los usuarios de los servicios públicos domiciliarios, tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir pruebas, a ejercer su derecho de defensa, y a impugnar los actos administrativos y en general a que se realice la debida aplicación de las normas.

En este sentido, ofrecemos a las Empresas Prestadoras de los Servicios Públicos Domiciliarios, nuestro conocimiento y experiencia para el ejercicio adecuado de sus funciones de inspección, vigilancia y control, a través de la operación eficiente y transparente de los procesos administrativos bien sean sancionatorios o preventivos que deban aplicar bajo el marco de las autorizaciones concedidas por la Ley 142 de 1994 y las demás normas que regulan la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia.