El equilibrio económico del contrato estatal, es una figura jurídica que surge al momento de la presentación de las ofertas en un proceso contractual o al momento de la suscripción del contrato.

Según esta figura, las obligaciones a cargo de una de las partes se consideran como equivalentes a las de la otra, en este sentido se presume que el pago que la Entidad Estatal se compromete a realizar en virtud del contrato, es proporcional a las prestaciones que adquiere el contratista. Se considera entonces, que el proponente al elaborar su oferta, ha realizado un análisis de la relación costo-beneficio, con base en estudios y proyecciones de los factores determinantes del costo de ejecución de las prestaciones a su cargo y la utilidad que pretende obtener con la ejecución del contrato.

De acuerdo al artículo 1602 del Código Civil Colombiano, una vez suscrito el contrato, éste se convierte en ley para las partes, esto es lo que se conoce como el principio “Pacta Sunt Servanda”; por lo que su cumplimiento es obligatorio.

Sin embargo, durante la etapa de ejecución, es posible que se presenten situaciones que pueden alterar la ecuación contractual, lo que da lugar al deber de restablecimiento a la parte afectada. Esto constituye el rompimiento del equilibrio económico del contrato, caso en el cual surge el deber de restablecerlo, bien sea mediante una indemnización integral de perjuicios, mediante el reconocimiento de los mayores costos en los que incurrió, o llevando al contratista a un punto de no pérdida conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.

Estas afectaciones se pueden presentar bajo diferentes circunstancias:

  1. a) Por la ocurrencia de hechos imprevistos e imprevisibles, ajenos a las partes, lo que se conoce como la “Teoría de la Imprevisión”.
  2. b) Por la ocurrencia de hechos imputables a una actuación legal de la parte contratante, que puedan afectar la ecuación financiera del contrato en forma anormal y grave, de tal manera que sin imposibilitar su ejecución, la hagan mucho más costosa para la parte afectada, esto se denomina por la doctrina jurídica como “Hechos del Príncipe”; o por el incumplimiento de las obligaciones contractuales, en este caso la afectación de la ecuación contractual proviene de una medida de carácter general emitida por la entidad estatal contratante.
  3. d) Por la teoría del Ius Variandi, que se presenta cuando la entidad pública en ejercicio de sus facultades legales atribuidas por la Ley 80 de 1993, hace uso de las cláusulas excepcionales de interpretación unilateral o de modificación del contrato, con ocasión de lo cual genera un perjuicio al contratista.

Una vez presentado el rompimiento del equilibrio contractual, procede el restablecimiento del mismo en favor de la parte afectada, por tratarse de una situación contractual en la que se encuentra inmersa una entidad estatal, dicho restablecimiento implica la presencia de ciertos elementos que deberán ser probados y analizados en cada caso concreto, los cuales han sido planteados por la Jurisprudencia Contencioso Administrativa, y se indican a continuación:

  • El acontecimiento de un suceso posterior a la presentación de la propuesta o a la celebración del contrato.
  • Que el hecho sea imprevisto o la expedición de un acto administrativo de carácter general o particular que configure el hecho del príncipe o el Ius Variandi, según corresponda.
  • La situación sea completamente ajena o no imputable a la parte afectada.
  • Una alteración grave y extraordinaria de la ecuación contractual producida por el hecho.

Para evitar posibles controversias surgidas a partir del rompimiento del equilibrio económico, en los contratos celebrados con las entidades públicas, es posible pactar cláusulas de revisión y reajuste de precios, que incluyen fórmulas mediante las cuales pueden reajustarse periódicamente los valores de los productos o las prestaciones atendiendo a las posibles variaciones del mercado, de tal modo que los costos en que se incurra, correspondan a la realidad de los mismos al momento de la ejecución de las obligaciones. También puede acudirse a la estipulación de mecanismos alternativos de solución de conflictos como la conciliación, la transacción y la amigable composición para resolver las dificultades presentadas.

Conociendo estas circunstancias, Konfirma tiene a disposición de las entidades públicas y privadas el servicio de gestión contractual, el cual se ajusta a las necesidades del cliente con el fin de brindar acompañamiento en las fases que el proceso contractual requiera.