Konfirma se encuentra en capacidad de acompañar a Entidades Públicas de orden Nacional, Regional y Local en el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control, y brinda asesoría para operar eficiente y transparentemente sus actividades, mediante la gestión y trámite de procesos administrativos sancionatorios. En esta función, se resalta la importancia de acatar los postulados del Derecho al Debido Proceso que ejercen las Entidades en virtud de la potestad sancionatoria que les asiste.

Por tal motivo, a continuación, se presentan los aspectos más relevantes a ser considerados en el desarrollo del proceso administrativo sancionatorio contemplado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA por sus siglas), el cual debe ser tenido en cuenta por los aplicadores de la norma, y por las personas que puedan ser investigadas para que conozcan sus derechos y los puedan hacer valer.

Una de las actividades derivadas del ejercicio de la Inspección, Vigilancia y Control, es imponer infracciones a los particulares que trasgredan determinada regulación, en este sentido las normas indican que para aplicar alguna medida impositiva, se debe llevar a cabo un proceso sancionatorio, dentro del cual goza de especial protección el Derecho al Debido Proceso[1], aplicable a todas las actuaciones administrativas.

Con la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- CPAC, esto es la Ley 1437 de 2011, el panorama normativo varió respecto a las actuaciones para sancionar que realizan las autoridades administrativas. La norma incorpora de manera clara una regulación, que hasta la expedición de la misma no tenía precedente.

Como primera institución del proceso sancionatorio se encuentra el debido proceso. El artículo 3° del CPACA enfatiza la aplicación del debido proceso como principio de todas las actuaciones llevadas a cabo por autoridades administrativas. Así mismo, otorga garantías al ejercicio de los Derechos de Representación, Defensa y Contradicción. Esta norma, incorpora principios como el de Legalidad de las Faltas y de las Sanciones, la Presunción de Inocencia, y los de Non Reformatio In Pejus[2] y Non Bis In Ídem[3], cuya inspiración deviene del derecho procesal.

En cuanto a la esencia del procedimiento administrativo sancionatorio, el capítulo III del título III del CPACA, estipula las reglas que deberán acatar las entidades si existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio. Como primera medida, se establece la necesidad de iniciar una averiguación preliminar, que consiste en una indagación sobre los primeros indicios de los cuales conoce la autoridad administrativa. Conocidos los antecedentes, y concluida la indagación preliminar y si fuere el caso, se formula un pliego de cargos, y se le da a conocer personalmente al investigado, el cual, dentro de los 15 días siguientes a la notificación de este pliego podrá presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretenda hacer valer.

Cuando deban practicarse pruebas, se señalará un término no mayor a treinta (30) días para su práctica. Cuando sean tres (3) o más investigados o se deban practicar en el exterior; el término probatorio podrá ser hasta de sesenta (60) días; vencido el período probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días para que presente los argumentos de defensa (alegatos) respectivos.

Finalmente, el funcionario competente dictará la decisión definitiva dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de los alegatos, el cual deberá contener el análisis de hechos y pruebas con base en los cuales se impone la sanción, las normas infringidas con los hechos probados, la decisión final de archivo o de imponer una sanción y la correspondiente fundamentación.

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contribuyó en la determinación de un proceso claro que presenta varias garantias para los investigados, inspirado en el respeto por los derechos sobre quienes recae la actividad de ser inspeccionados, vigilados y controlados. El acatamiento de los principios y reglas que guía el procedimiento administrativo sancionatorio es esencial para las autoridades que ostentan la facultad de sancionar, y para ello Konfirma mediante la Gestión de Proyectos Especiales e IVC, coadyuva en su actividad generando valores agregados como la capacidad operativa y adecuación a las necesidades de la entidad, permitiendo procesos flexibles y eficientes.

 

[1] Constitución Política de 1991. Art. 29. “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”.

[2] Prohibición de reformar en peor una sentencia, cuando se trate de apelante único. Sentencia T-291/06

[3] Derecho fundamental a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Sentencia C-521/09.