Luego de la aprobación de los acuerdos de paz entre la guerrilla de las FARC y el Estado Colombiano, surgen interrogantes en cuanto a la financiación del postconflicto y los medios económicos para el resurgimiento de la productividad en zonas donde las consecuencias de la guerra desaceleraron el crecimiento económico.

De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, los fines de la contratación pública están enfocados al cumplimiento del interés general, en este sentido el contrato estatal es uno de los instrumentos con que cuenta el Estado para hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, esto con la colaboración de los particulares, quienes, al contratar con el Estado, adquieren el deber de ejecutar las tareas acordadas.

Algunas de las acciones tomadas por el Estado para impulsar el desarrollo, consisten en el fortalecimiento de la infraestructura rural, lo cual implica que se requiera adelantar diferentes procesos de contratación. Es allí donde el servicio de Gestión de Procesos Contractuales ofrecido por Konfirma tanto para entidades públicas como privadas, se torna relevante para facilitar la optimización de recursos financieros y de tiempo, así como para la minimización de riesgos jurídicos, siendo además un elemento clave para la concreción de la relación público privada.

La inversión en mejoramiento, construcción y recuperación de vías, no sólo primarias, sino también secundarias y terciarias, en aquellas zonas donde se ha presentado un mayor arraigo del conflicto armado interno, es primordial para la generación de opciones de crecimiento, basadas en oportunidades ajenas a la ilegalidad, como la minería y el narcotráfico. En este sentido, la contratación de las obras públicas generará empleo formal en las áreas de influencia.

La reciente aprobación de la reforma tributaria, será una fuente importante de recursos para que el Gobierno Nacional, pueda financiar las estrategias más importantes para el postconflicto, entre las que se encuentran, mejorar la infraestructura rural a través de escuelas veredales, puentes y vías que ayudarán a las regiones a salir del atraso y la violencia.

El presidente de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura), Luis Fernando Andrade, planteó como alternativa posible, la inversión en obras públicas a cambio de la exoneración de impuestos por el mismo valor, esto en el marco de un foro cuyo eje temático fue la infraestructura como motor de desarrollo.

Otro factor que favorecería la inversión en vías secundarias, es según Andrade, el sistema de regalías, recursos que hoy se destinan en las regiones apartadas como fuente de financiación de las obras del sistema de conexión vial.

Si las autopistas de la prosperidad avanzan en su construcción, las obras complementarias deberán avanzar al mismo ritmo, para que las zonas donde se aplicarán acciones para la mitigación de las consecuencias del conflicto armado puedan tener un desarrollo sostenible, basado en el fortalecimiento de su economía.

La conexión de las grandes urbes entre sí, y de éstas con los principales puertos de embarque del país, es sin lugar a dudas un factor de desarrollo económico que potencia las posibilidades de crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) nacional. Sin embargo, es igual de importante fortalecer el crecimiento y sostenibilidad de las economías de pequeña escala, con el fin de disminuir y eliminar las desigualdades sociales, que son producto del aislamiento de algunas zonas del país. Para ello, los procesos de contratación para la construcción de las vías secundarias y terciarias y otras obras de infraestructura se convierten en la clave del desarrollo.

Konfirma, se encuentra al tanto de las medidas tomadas en el país para contribuir a su progreso con la puesta en marcha de sus servicios, como el de Gestión Contractual.