Con el auge de las grandes obras de infraestructura que se están ejecutando y que se ejecutarán en el país, y especialmente con el despliegue de los proyectos de asociación público privada, la interventoría integral de los proyectos cobra especial importancia para que estos se ejecuten adecuadamente.

La complejidad de algunos mega proyectos, implica para las entidades públicas adelantar diferentes tipos de contratación que incluyen actividades de coordinación, diseño, estructuración, construcción, administración, operación y evaluación de proyectos, adelantando cada proceso de selección de acuerdo a las normas y funciones para las que la entidad tiene competencia.

En este sentido, las interventorías juegan un papel fundamental para que las entidades públicas alcancen los objetivos trazados para cada proyecto, pues a la luz de lo establecido en el Estatuto de Contratación del Estado, al Código Único Disciplinario y el Estatuto Anticorrupción, los interventores reciben un tratamiento similar al de los servidores públicos, debiendo cumplir con algunas obligaciones que son inherentes al Estado. Así las cosas, las interventorías, al actuar como agentes del Estado, deben propender por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y coadyuvar al Estado para que el contratista ejecute su contrato según lo pactado, en aras de garantizar el interés general y que el país obtenga una infraestructura y servicios acorde a sus necesidades de progreso y desarrollo.

De acuerdo con la Constitución Política y a las normas de contratación administrativa, las entidades públicas requieren adelantar procesos contractuales ágiles, eficientes y desarrollados bajo los principios de economía, transparencia, eficiencia y objetividad. Bajo estos criterios, los productos contratados deben responder a condiciones de calidad, cantidad y oportunidad. Es por esto que es necesario adoptar mecanismos de control a la ejecución de los contratos, tales como la interventoría, para que aseguren y garanticen a la entidad el cumplimiento del objeto contractual, a través del seguimiento integral al contrato sobre sus aspectos jurídicos, técnicos y financieros. Esta necesidad, requiere que tanto las entidades estatales como los interventores, cuenten con procesos de vigilancia y control contractual, objetivos, técnicos, especializados y rigurosos.

Dada la importancia de la interventoría para lograr el éxito de los proyectos, y con el fin de promover estímulos para un adecuado ejercicio de estas funciones, desde la
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), a través de su Oficina de Control Interno, se promueve el diseño e implementación del Premio Nacional de Interventorías.

En su tercera versión realizada el presente año, junto a la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, la ANI premió la labor de vigilancia y control realizada por el Consorcio Épsilon Vial, que está a cargo de la interventoría del proyecto Ruta Caribe.
Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), comentó “Este premio establece un modelo de excelencia que sirve a todas las interventorías como referencia para mejorar su trabajo y para el uso de prácticas que les permitan agregar valor efectivo al importante rol que les ha sido encomendado por el Estado. Por ello, este concurso es un reconocimiento a quienes se la juegan por el país teniendo un desempeño eficiente, honorable y del lado de los ciudadanos”.

Durante el evento también se entregaron tres menciones honoríficas como reconocimiento a la gestión realizada por el Consorcio 4G a cargo de la Autopista Conexión Norte, el Consorcio 4C que verifica el proyecto Honda – Puerto Salgar – Girardot y por el Consorcio Ferropacífico que tiene la concesión Ferro Pacífico – Ferrocarril del Pacífico.

En Konfirma, a través del servicio de Gestión de Procesos Contractuales, brindamos acompañamiento y asesoría a los procesos de contratación, para la selección de la interventoría de los proyectos.

El acompañamiento se realiza desde el aspecto jurídico, técnico y financiero según las necesidades de cada cliente, orientado a construir y acompañar un proceso sólido y transparente, de manera  que le permita al cliente optimizar recursos, tiempo y minimizar riesgos jurídicos asociados a la contratación.