La denominada Lista Clinton, cuyo nombre oficial es “Specially Designated Narcotics Traffickers o SDNT list”,  consiste en una base de datos donde se agrupa información de empresas, personas naturales y grupos organizados que según el gobierno de los  Estados Unidos, se vinculan por tener nexos con recursos provenientes del narcotráfico, han sido narcotraficantes o se han visto inmersos o relacionados en delitos de lavado de activos.

La lista, considerada como una “lista negra”,  es emitida por la OFAC – Office of Foreign Assets Control, (Oficina de Control de Bienes Extranjeros) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, fue creada en octubre de 1995, durante el mandato del presidente Bill Clinton por ello su nombre, y es parte de una serie de medidas tomadas en la guerra contra las drogas y el lavado de activos. Es entonces una herramienta de bloqueo, quienes aparecen en la lista no pueden realizar operaciones financieras o tener negocios comerciales con empresas o ciudadanos de los Estados Unidos y las empresas de dicho país que tengan relación con los listados pueden incurrir en un delito.

Alrededor de quienes figuran en las listas, se teje una red de información y relacionamiento, a partir de su participación en compañías, movimientos bancarios, y transacciones comerciales, lo cual  se deriva en importantes investigaciones, pérdida de credibilidad, caída de negocios y limitaciones para acceder al sistema financiero local e internacional, quienes operan en su entorno tomarán medidas de choque para evitar el riesgo de contagio.

El pasado 5 de mayo, el Tesoro de Estados Unidos publicó una actualización de la Lista Clinton, en la cual incluyó al imperio económico panameño Waked, cabeza del Grupo Wisa por supuesto blanqueo de capitales provenientes del tráfico de drogas, es de resaltar que el Grupo Wisa es el responsable de las tiendas La Riviera en Colombia.

A partir de esta inclusión, las autoridades colombianas y panameñas comenzaron a tomar cartas en el asunto, e iniciaron las investigaciones y las medidas correspondientes para determinar la presunta responsabilidad penal de los empresarios y colaborar con las autoridades americanas.

Si bien es cierto la Lista Clinton, no es vinculante para Colombia ya que la única lista vinculante es la de las Naciones Unidas, se ha considerado que sus implicaciones pueden tener repercusiones para los agentes económicos locales, en criterio de la Corte Constitucional, “el sólo hecho de que una persona figure en la Lista Clinton, sin que haya sido condenada o esté siendo investigada por delitos relacionados con el narcotráfico en Colombia, es una causal objetiva que autoriza la imposibilidad de acceder al sistema financiero, en razón de las graves consecuencias económicas que se producirían en dicho sector y, además, en aras de garantizar el interés general de los ahorradores del sistema bancario”.

La restricción de acceder al sistema financiero por la inclusión en la Lista Clinton, se encuentra directamente relacionada con el “riesgo operacional”, el cual se deriva en este caso de un hecho externo a la entidad, pero que puede reflejarse en la posible imposición de sanciones sobre sucursales o agencias bancarias tales como la confiscación de las sumas depositadas, y la terminación de los contratos de corresponsalía con la banca extranjera.

El  “riesgo reputacional”, al ser contrario al principio de confianza pública, conduciría necesariamente a la pérdida de solvencia y de liquidez de las entidades financieras, en perjuicio de los depósitos de sus ahorradores, por tal motivo en nuestro país, las entidades financieras sometidas al control de la Superintendencia Financiera deben desarrollar, establecer, implementar y mantener un Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO), acorde con su estructura, tamaño, objeto social y actividades de apoyo, estas últimas realizadas directamente o a través de terceros, que les permita identificar, medir, controlar y monitorear eficazmente este riesgo.

En virtud de este riesgo, que no es exclusivo del sector bancario, se conoce que varios de los clientes y proveedores decidieron dar por terminado todo tipo de relación comercial con La Riviera, es así como Visa y Master Card bloquearon a la cadena de tiendas los datáfonos para transacciones con tarjetas de crédito, razón por la cual las ventas sólo se hacen en efectivo, en el mismo sentido procedieron entidades bancarias como Davivienda, Orobanca, Bancolombia y Banco de Occidente quienes notificaron el congelamiento de sus cuentas y algunos les otorgaron un plazo para retirar los saldos, todo ello debido a las implicaciones mencionadas.

Como una muestra de las acciones emprendidas por La Riviera para mitigar los efectos adversos de los riesgos en los que se ha visto expuesta, en comunicado dirigido a la opinión pública, informó que presentó ante la Superintendencia de Sociedades una solicitud de sometimiento a control; para las sociedades colombianas La Riviera S.A.S., Santafé Duty Free S.A.S. y La Riviera Duty Free S.A.S., en aras de garantizar la transparencia en sus operaciones en Colombia y de brindar protección a los empleados y acreedores de las mismas. Además, inició un plan de desmonte de las operaciones comerciales en los Duty Free, destacando que la prioridad de la compañía es mantener y proteger los más de 1000 empleos que genera en el país, especialmente los de las madres cabeza de familia.

Si bien los activos de la sociedad en Colombia, se registran por cerca de 391.000 millones de pesos y sus pasivos alcanzan los 136.000 millones, el bloqueo comercial podría llevarla incluso a su inmediata liquidación, las ventas han disminuido notablemente y toda transacción se encuentra sujeta al control de la Superintendencia de Sociedades quien ya inició visitas técnicas para evitar un riesgo de contagio en Colombia de la situación que se vive en Panamá.