Luego de las investigaciones realizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC, en sus funciones de inspección, vigilancia y control, en torno a la indagación sobre una eventual comisión de conductas anticompetitivas en el proceso de licitación pública SEA-LP-001-2009, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Concesiones (INCO), hoy Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), mediante el cual se suscribió el contrato de concesión 001 de 2010, Ruta de Sol Tramo 2, decidió por medio de la Resolución 5216 del 16 febrero de 2017, la imposición de una medida cautelar consistente en la terminación inmediata del contrato de concesión suscrito con Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.

El órgano de control impone la obligación a la entidad contratante de decretar la terminación del contrato, por haberse suscrito bajo una presunta violación de una prohibición legal que consistiría en la vulneración de las normas constitucionales y legales de protección de la libre competencia económica.

Como consecuencia de la determinación tomada por la Superintendencia, la ANI deberá dar terminado por el contrato, liquidarlo en el estado en que se encuentre así como cualquier modificación o adición que se haya suscrito en torno al contrato principal.

De acuerdo con los hechos investigados por la fiscalía, los cuales llevaron a la imputación de cargos en contra de quien tenía la facultad de adjudicar el contrato de concesión, existió una vulneración del principio de libre concurrencia y selección objetiva, a través de desviaciones deliberadas en el desarrollo del proceso de selección que le permitieron al adjudicatario, obtener una ventaja frente a sus competidores, lo anterior motivado por el pago de incentivos económicos.

La Superintendencia sostuvo en el acto que condujo a la imposición de las medidas cautelares, la necesidad de “… reestablecer las condiciones de libre competencia económica, presuntamente vulneradas con las conductas restrictivas de la competencia…”; bajo esta premisa se ordenó que la ANI, deberá estructurar y adelantar una nueva licitación pública que garantice la libre competencia económica mediante la participación transparente de los distintos agentes del mercado, para la suscripción de un nuevo contrato de concesión.

Es claro que las medidas adoptadas por el órgano de control, inspección y vigilancia pretenden salvaguardar los principios que rigen la contratación pública en Colombia, pero ante todo proteger la moralidad pública ante los hechos que con amplia circulación han sido cubiertos por los medios informativos nacionales.

Muchas son las acciones que las entidades públicas deben asumir para contrarrestar la incidencia de las conductas que atentan contra la transparencia en los procesos de contratación. Konfirma en el acompañamiento que realiza desde el aspecto jurídico, técnico y financiero a sus clientes, orientado a construir y acompañar procesos de contratación sólidos y transparentes, les permite optimizar recursos, tiempo y minimizar riesgos jurídicos asociados a la contratación.