La Contratación Estatal, es un proceso mediante el cual el Estado satisface las necesidades de la comunidad y cumple con sus fines esenciales; es uno de los procesos más importantes en los que interviene tanto el sector público como el privado; por ello Konfirma se encuentra preparada para asistir a ambos sectores con las mejores prácticas, el conocimiento y la experiencia necesarios para hacer frente a los retos que impone la gestión contractual.

Si bien es cierto, la ley de Contratación data de 1993 con la expedición de la Ley 80, en la actualidad el sector público se encuentra incursionando en nuevas tendencias enfocadas a mejorar el relacionamiento y la participación del sector privado en los proyectos de beneficio público.

Con la expedición de leyes como la Ley 1508 de 2012 que regula las Asociaciones Público Privadas-APP, el papel del sector privado cobra importancia. De esta manera se espera que colabore con la Entidad Pública a la consecución de los fines del estado, a la ejecución eficiente de los proyectos y que con una adecuada operación de la infraestructura perciba rentabilidad.

Tratándose de los últimos megaproyectos de infraestructura que se vienen contratando en el país como las vías de 4G, queda demostrado que la relación Público-Privada requiere el mejor entendimiento de los acuerdos y el mejor esfuerzo de las partes para obtener mutuamente los beneficios planeados.

En la actualidad, la mayoría de los proyectos  4G se encuentran en su fase pre-operativa, ya sea en fase previa a la construcción o en construcción, esto quiere decir que pueden estar realizando estudios y diseños definitivos, gestión predial, ambiental o social, trámite de licencias y autorizaciones administrativas, o actividades relacionadas con el cierre financiero, que ha sido uno de los retos más importantes que han debido afrontar las APP en el país.

Como muestra de los esfuerzos que el cierre financiero[1] de los proyectos de 4G implica, está el caso de la firma de construcción israelí Shikun & Binui, que adelanta la Perimetral Oriental de Bogotá (POB), la cual acaba de recibir el primer desembolso de recursos después del cierre bancario que se logró luego de casi año y medio de negociaciones entre el consorcio constructor y las bancas colombiana y multilateral.

El anuncio de este cierre financiero es un parte de tranquilidad, pues uno de los retos centrales de estos proyectos es que los consorcios de construcción logren el respaldo del sistema financiero, ya que las necesidades de inversión son enormes. Para el caso de la POB, se debió buscar $1,3 billones en crédito, el cual se empezará a pagar una vez se terminen las obras en abril de 2019, a un plazo cerca de 20 años y $400.000 millones en capital aportado directamente por los dueños de la compañía israelí. En el crédito participaron el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Bancolombia y Corpbanca.

Para que los proyectos 4G continúen en esta línea, es importante comprender que se trata de un cierre con el enfoque de Project Finance[2], ello implica garantizar el aporte de Capital suficiente para generar confianza en el sector financiero, entender que de un lado se encuentran las funciones del concesionario y de otro las tareas del constructor.

En días pasados, Conconcreto anunció la búsqueda de Vinci como socio en la concesión del tercer carril de Bogotá – Girardot. Al respecto el Director de la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI, Luis Fernando Andrade informó al diario La República, que esta situación se presenta “porque las concesiones de 4G están requiriendo unos capitales gigantescos y algunos de los constructores están viendo que su capital no alcanza para hacerlo todo. Sin embargo, si trae un socio puede tener un músculo para hacer más proyectos”.

Los cambios en la composición accionaria de los concesionarios, ha permitido en algunos casos la vinculación de fondos capital extranjeros, como el caso del británico InfraRed, se espera entonces la creación y vinculación de nuevos fondos de infraestructura para complementar las inversiones colombianas y consolidar el programa 4G.

Se ratifica entonces, que el compromiso de diferentes entidades estatales como la ANI y la FDN en brindar acompañamiento a los concesionarios para que obtengan el cierre financiero, otorgando ampliaciones de plazos y participando en la financiación de los proyectos, ha sido clave para que estos puedan avanzar según lo planeado. En este sentido, es fundamental el papel que cumplen las Supervisiones y las Interventorías, quienes requieren personal idóneo y experto en diversas áreas del conocimiento, además de contar con canales de comunicación claros y definidos para favorecer la interacción. Se espera que su rol esté enfocado a la correcta interpretación del contrato, que se establezcan procesos estandarizados y que las partes mantengan su orientación a alcanzar los resultados por los cuales decidieron asociarse, de tal modo que se satisfaga el interés público como el privado.

Konfirma, a través de su línea de servicio de Gestión Contractual está dispuesta a brindar acompañamiento y asesoría a los procesos de contratación de entidades públicas y privadas en sus diferentes etapas.

 

[1] https://ani.gov.co/glosario/cierre-financiero. “Es el perfeccionamiento de la operación o conjunto de operaciones de financiación del proyecto que demuestren, en los términos del Contrato de Concesión, que el CONCESIONARIO contará con los recursos que éste requiera (Deuda y/o Capital del CONCESIONARIO) para realizar la totalidad de las obras previstas en cada una de las etapas del contrato. (…) (…)“El Concesionario, deberá realizar aportes adicionales de capital y/o deuda en el caso en que los recursos inicialmente previstos resulten insuficientes, sólo se entenderá cumplido el cierre financiero, si el Concesionario prueba —a satisfacción de la ANI— que cuenta con las fuentes de recursos establecidas en el Contrato de Concesión”.

 

[2] Financiamiento Estructurado de Proyectos. Es un mecanismo de financiación de inversiones de gran envergadura que se sustenta tanto en la capacidad del proyecto para generar flujos de caja que puedan atender la devolución de los préstamos como en contratos entre diversos participantes que aseguran la rentabilidad del proyecto.