Es una tendencia mundial, el trabajo conjunto y la cooperación internacional entre los países, para la lucha contra actividades asociadas con los delitos de lavado de activos, la financiación del terrorismo y delitos conexos. Colombia no es ajena a esta tendencia, por tal motivo Konfirma se prepara para asumir cambios normativos y ofrecer el mejor servicio a sus clientes.

La UIAF es la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Colombia, su objetivo es proteger la defensa y seguridad nacional en el campo económico, con el fin de prevenir y detectar actividades asociadas con los delitos de lavado de activos, sus delitos fuente, la financiación del terrorismo y proveer información útil en las Acciones de Extinción de Dominio.

Esta Unidad, ha definido las PEP – PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS, como “los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas”, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, o funcionarios importantes de partidos políticos. Esta definición fue tomada de las recomendaciones del GAFI.

El GAFI- es el Grupo de Acción Financiera Internacional, se trata de un ente intergubernamental establecido en 1989 por los países miembros del G7. Su objetivo es fijar estándares y promover la implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.  Sus recomendaciones, componen un esquema de acciones que los países deben implementar para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Con el propósito de seguir trabajando en los objetivos del GAFI, el 8 de diciembre de 2000, se creó el GAFILAT como un grupo de nivel regional al que Colombia pertenece, adherido a las 40 Recomendaciones del GAFI como estándar internacional.

Al ser parte del GAFILAT, Colombia tiene el deber de adoptar las sugerencias y recomendaciones emitidas, de ahí la existencia de la UIAF y que el país deba integrar a su conjunto de normas, la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 31 de octubre de 2003.

Con este fin, Colombia debe expedir un decreto para reglamentar el numeral 1 del artículo 52 de la mencionada Convención, la cual fue aprobada mediante la Ley 970 de 2005, según este artículo: ”(…) cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con su derecho interno, para exigir a las instituciones financieras que funcionan en su territorio que verifiquen la identidad de los clientes, adopten medidas razonables para determinar la identidad de los beneficiarios finales de los fondos depositados en cuentas de valor elevado, e intensifiquen su escrutinio de toda cuenta solicitada o mantenida por o a nombre de personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas prominentes y de sus familiares y estrechos colaboradores (…)”

Según informó el secretario de transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso Vanegas, en el Congreso LAFT América 2016, en su exposición sobre “Iniciativas Regulatorias Impulsadas desde la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República para combatir el LA/FT”, ya se puede consultar el Proyecto de Decreto que reglamentará el concepto de personas expuestas políticamente (PEP) para Colombia y su tratamiento.

Conforme lo expresó: “las PEP tendrán tres categorías: aquellos funcionarios que tienen control sobre el gasto público, aquellos que participan en la toma de decisiones importantes en las entidades del Estado y todas las personas que gozan de reconocimiento entre la ciudadanía”. Contrario a lo que muchos esperaban, el Decreto no incluirá un listado de personas, sin embargo, el funcionario sostuvo que ”sí la estamos estructurando con el Departamento Administrativo de la Función Pública y sí vamos a tener la lista para todos ustedes (los sectores reportantes)”.

El Decreto establece obligaciones especiales de reporte de información, tanto para las personas consideradas como PEP, como para las entidades financieras, comerciales, solidarias y todos los sujetos obligados que implementan sistemas de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Entre las normativas anunciadas, Enciso Vanegas hizo referencia a la presentación al Congreso de un proyecto de ley que buscará generar un registro de beneficiarios finales de las compañías que operan en Colombia, este registro servirá tanto para que las empresas privadas puedan gestionar los riesgos de LA/FT y de corrupción, como para que las entidades de justicia puedan tener acceso oportuno a la información.

Se espera además que las nuevas medidas, permitan elevar controles a las entidades sin ánimo de lucro, por lo que se prevé que la Superintendencia de Economía Solidaria sea quien regule a las fundaciones que contratan con el Estado.

Konfirma, se mantiene a la vanguardia en los cambios normativos y las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional, a través del servicio de Verificación de Riesgos, Lavado de Activos y Financiamiento al terrorismo, (VR–LA/FT) ofrece tranquilidad, seguridad y acompañamiento constante, a personas jurídicas y naturales que requieran transparencia en el ejercicio de sus negocios y operaciones.