El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, radicará en el Congreso el proyecto reforma tributaria 2017, el cual es vital para la sostenibilidad fiscal del país. Sobre este proyecto tienen puestos los ojos los gremios, las agencias calificadoras de riesgo crediticio, los inversionistas, los mercados internacionales y el país en general.

Luego de los resultados del plebiscito que buscaba refrendar los Acuerdos de Paz de La Habana, el escenario político es complejo. Se presenta un ambiente de expectativa e incertidumbre sobre la economía colombiana que auguran dificultades al Ejecutivo para sortear los duros debates que vendrán.

A pesar este escenario, hay múltiples razones para tramitar la reforma. El país requiere recursos por una cifra cercana a los 34 billones de pesos por menor renta petrolera debido a la caída de los precios del petróleo y al aumento de intereses de la deuda por devaluación del peso. Además, en 2014 tras la aprobación de la última reforma que elevó tarifas a las sociedades, el gobierno anunció una iniciativa para redistribuir las cargas. A esto se suma que en 2018 van a expirar varios impuestos como el de la riqueza y la sobretasa al CREE, por lo que disminuirá el recaudo.

El proyecto de Reforma Estructural, que contiene varias recomendaciones de la Comisión de Expertos Tributarios, tiene grandes retos, uno de ellos tiene que ver con el aumento del IVA, una medida que se ha catalogado como impopular. La idea es subir la tasa del 16 al 19 por ciento que de aprobarse daría un mayor recaudo, con cerca de 8 billones de pesos adicionales, teniendo en cuenta la oposición que puede generar esta medida en algunos partidos políticos, el gobierno propondrá excluir de la medida los productos de la canasta familiar.

Debido a la situación fiscal mencionada, se espera que la reforma genere suficientes recursos para mantener el actual recaudo de impuestos, y a la vez cumpla la promesa de bajar la carga impositiva a las empresas, pues los gremios así como el Gobierno esperan que la nueva reforma genere mayor competitividad para las empresas nacionales, a la vez que asegura un aumento en el recaudo del Estado, de continuar el actual sistema tributario, las empresas terminarían pagando en 2018 una tarifa del 43 por ciento.

Así las cosas, para bajarles a las empresas el impuesto a una tarifa entre 30 y 35 por ciento, como se propondría, sería necesario quitarles beneficios tributarios, ampliar la base de las personas naturales y gravar los dividendos, entre otros.

En diálogo con la Revista Dinero respecto a la reforma, la Federación Nacional de Comerciantes- Fenalco, sugirió ampliar la base tributaria, reducir la carga tributaria a las empresas y “racionalizar el Estatuto Tributario”, de acuerdo con los comerciantes, “los recursos no deben provenir sólo del aumento de las tarifas”, este cambio no sería suficiente para superar el déficit fiscal, por tal motivo se hace necesario que el gobierno asuma el compromiso de actuar con mayor austeridad.

Algunas voces solicitan mayor eficiencia administrativa de la Dian, un mayor control a la evasión de impuestos y al contrabando. Si bien es cierto el panorama indica que no será fácil la aprobación del proyecto de Reforma Tributaria, el país lo necesita.