El pasado 23 de enero de 2017 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 092, por medio del cual se reglamenta el Régimen de Contratación con las Entidades Sin Ánimo de Lucro. Esta norma deroga entre otras el Decreto 777 de 1992, y su vigencia comenzará a regir a partir del 1° de junio del presente año.

La medida busca frenar la excesiva destinación de recursos públicos que se contratan con este tipo de entidades, denominadas como ESAL (Entidades Sin Ánimo de Lucro), quienes de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 777 de 1992, no se sujetaban a las disposiciones generales del procedimiento de selección contenido en la Ley 80 de 1993. Es decir, que la adjudicación de contratos a las ESAL se hacía de manera directa.

La desviación de una suma importante de dineros del estado a entidades sin ánimo de lucro, ubicó el foco de atención del Gobierno Nacional, en una estrategia para bajar los índices de corrupción y contratación directa, por lo que se expidió una nueva reglamentación del artículo 355 de la Constitución Política, el cual permite la celebración de contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público.

Si bien es cierto la contratación directa es una forma de ejecución de recursos permitida en el Estatuto de Contratación del Estado Colombiano, la jurisprudencia y la doctrina la consideran como una forma excepcional de selección de contratistas o colaboradores del estado, siendo la Licitación Pública la regla general. Sin embargo, en los últimos años los índices de contratación directa han aumentado considerablemente, llegando a sobrepasar al Concurso Público, lo que se verifica tomando como punto de referencia la cantidad de recursos públicos adjudicados por cada modalidad de contratación.

Considerando al convenio de asociación con ESAL, como un mecanismo de contratación idóneo, se presentó en el país una gran ola de suscripción de este tipo de acuerdos, los cuales se han prestado para actos de corrupción. Al respecto, manifestó el presidente Juan Manuel Santos: “Fundaciones creadas o manipuladas por personas corruptas eran y son usadas para contratar y robar los recursos públicos” y agregó que: “también se usaban para financiar supuestas actividades de beneficencia, cuando en realidad era para otros fines”.

En este sentido manifestó: “Con este Decreto frenamos en seco los abusos en la contratación directa con estas entidades sin ánimo de lucro, que han causado la pérdida y desviación de billones de pesos anuales que debían ir a la población, sobre todo a la más vulnerable”, puntualizó el Presidente Santos durante la firma del decreto en la Casa de Nariño.

El decreto 092 de 2017, al establecer el régimen de contratación con las entidades sin ánimo de lucro, impone medidas de control a los entes estatales al momento de suscribir convenios de asociación. La norma reglamentaria, con algunas excepciones, impone la necesidad de escoger, por medio de un proceso competitivo, a la entidad que ejecutará el proyecto. Así mismo, dispone la necesidad de acoger los principios de la contratación estatal, y las normas de tipo presupuestal.

Otra serie de medidas que complementan el reglamento que entrará en vigencia el próximo 1° de junio de 2017, son el registro de entidades privadas sin ánimo de lucro en el SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública), y la incorporación del régimen de prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades del estatuto de contratación. Sin embargo, desde ya se exige poner en marcha estrategias de adecuación de los manuales y procedimientos de contratación de las entidades sometidas al cumplimiento de la Ley 80 de 1993, para el logro efectivo de los objetivos anticorrupción.